El tema del decomiso civil de activos ha recibido considerable atención mediática en años recientes. Medios de comunicación nacionales como el New Yorker, PBS Frontline, el Washington Post, e incluso el programa Last Week Tonight with John Oliver de HBO han comentado sobre esta práctica controvertida, que permite al gobierno decomisar (es decir, tomar permanentemente) propiedad privada involucrada en actividad criminal sin acusar al propietario de un delito.
Esta reciente cobertura mediática se ha centrado principalmente en los abusos gubernamentales de la ley de decomiso civil, y con buena razón. El decomiso civil, cuando se utiliza responsablemente, puede ser una herramienta efectiva de aplicación de la ley que priva a los delincuentes de los beneficios y herramientas de sus crímenes. Desafortunadamente, su historia y aplicación reciente están repletas de ejemplos de abuso por parte de agentes de la ley y fiscales excesivamente celosos.
Y si bien este aumento del escrutinio mediático ha llevado a la adopción de reformas del decomiso civil tanto a nivel estatal como federal, ha ofrecido poco en cuanto a consejos prácticos para individuos o entidades empresariales afectadas por el proceso. En otras palabras, no responde a la siguiente pregunta: «si el gobierno federal confisca mi propiedad, ¿qué debo hacer?»
Este artículo aborda esa cuestión en el contexto de los procedimientos de decomiso civil y administrativo federales. Llegar a una respuesta es un proceso de dos pasos. Primero, determine si oponerse al decomiso es lo más conveniente para sus intereses. Si lo es, presente una reclamación verificada de la propiedad ante el tribunal o la agencia que realizó la incautación, y hágalo de manera oportuna.
Paso Uno: Determine si Oponerse al Decomiso
Las agencias de aplicación de la ley incautan propiedades todos los días. Y todos los días, los propietarios no impugnan el decomiso. ¿Por qué?
En algunos casos, la propiedad está tan claramente sujeta a decomiso que el propietario decide que no vale la pena gastar el tiempo o el dinero necesarios para montar un desafío. David B. Smith, Enjuiciamiento y Defensa de Casos de Decomiso, § 10.06[1]. Otros pueden estar preocupados por las posibles consecuencias penales de impugnar el decomiso, que pueden incluir someter al reclamante a un descubrimiento que podría ayudar a los fiscales a presentar un caso penal. Id. O un posible reclamante simplemente puede no entender lo que debe hacer para evitar el decomiso. Id.
A menudo, estas son preocupaciones válidas. Sin embargo, no deberían disuadir categóricamente al propietario de la propiedad incautada de defenderse contra el decomiso de su propiedad. En muchos casos, un propietario inocente puede presentar una reclamación sobre la propiedad incautada sin incriminarse penalmente. Una reclamación sobre la propiedad incautada (discutida a continuación) requiere solo una simple declaración que establezca un interés de propiedad o posesorio en la propiedad. No requiere una recitación detallada de hechos que establezcan una defensa completa contra la responsabilidad penal.
Además, la ley federal proporciona a los reclamantes una variedad de defensas contra el decomiso. La defensa más obvia es que la propiedad incautada no está conectada con actividades ilegales. El reclamante también puede calificar como un «propietario inocente» cuyo interés en la propiedad no puede ser decomisado. El gobierno puede haber incautado la propiedad sin causa probable, como lo requiere la ley federal.
Incluso si la propiedad es decomisable, un reclamante puede ser capaz de utilizar procedimientos estatutarios o invocar con éxito las protecciones otorgadas por la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos para reducir la cantidad decomisada.
Esta no es de ninguna manera una lista exhaustiva y cada caso es diferente. Es por eso que la decisión de si impugnar el decomiso debe tomarse con el beneficio del asesoramiento de un abogado experimentado en decomiso de activos que comprenda tanto los beneficios como las posibles consecuencias de impugnar el decomiso en una situación dada. Esto es especialmente cierto si existe alguna posibilidad de que el gobierno busque desarrollar un caso penal contra el reclamante.
Paso Dos: Si Procede, Presentar una Reclamación Oportuna
Los fundamentos jurídicos del decomiso civil y administrativo son algo peculiares. Más notablemente, la propiedad incautada (en lugar de su propietario) es el acusado. Esto, por supuesto, es una ficción legal. La pila de dinero en efectivo que la policía confiscó de su automóvil no se pondrá un traje y se sentará en la silla del acusado durante el juicio.
Y aunque a primera vista esto pueda parecer nada más que una rareza procesal, en realidad marca una diferencia crítica en la forma en que los propietarios afectados deben abordar un caso. La razón es simple: cuando comienza el caso, el propietario no es parte, y por lo tanto, no puede defenderse contra el decomiso hasta que intervenga.
Presentación de una Reclamación en un Caso de Decomiso Civil
En un caso de decomiso civil, un propietario interviene presentando una reclamación verificada. Esto generalmente se hace en respuesta a una carta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (‘DOJ’, por sus siglas en inglés). Una reclamación verificada es una afirmación de un interés legal en la propiedad incautada. En la mayoría de los casos, el reclamante debería mantenerla simple. No se requiere explicación ni elaboración, y pueden hacer más daño que bien.
El plazo para presentar una reclamación verificada debe estar incluido en la carta que el potencial reclamante recibe del DOJ. La importancia de presentar una reclamación oportuna no puede ser exagerada. No hacerlo puede resultar en que la reclamación sea desestimada y/o se dicte un fallo en rebeldía contra el potencial reclamante.
La emisión de un fallo en rebeldía es particularmente perjudicial para los potenciales reclamantes en casos de decomiso civil. Para obtener alivio de la rebeldía, el reclamante debe alegar hechos específicos que, de ser ciertos, constituirían una defensa contra el decomiso. Este resultado, al menos temporalmente, invierte la carga de la prueba y coloca al reclamante en la posición a menudo poco envidiable de necesitar ofrecer detalles fácticos específicos para refutar las alegaciones del gobierno sobre conducta ilícita o establecer una defensa afirmativa.
Además, el mero acto de presentar una reclamación oportuna puede llevar al gobierno a la mesa de negociaciones. En muchos casos, tiene sentido económico para el gobierno devolver una parte de los activos incautados como parte de un acuerdo de conciliación en lugar de gastar el tiempo y los recursos necesarios para probar su caso en la corte. Esto es particularmente cierto cuando el reclamante puede articular una defensa plausible. Se ve reforzado por el hecho de que el gobierno debe pagar honorarios razonables de abogados incurridos por un reclamante que ‘prevalece sustancialmente’ en una acción de decomiso civil.
Presentación de una Reclamación en un Caso de Decomiso Administrativo
Al igual que con las acciones de decomiso civil, los potenciales reclamantes conocidos en los procedimientos de decomiso administrativo recibirán una carta del gobierno. Esta carta, enviada por la agencia que realizó la incautación, puede titularse ‘AVISO DE INCAUTACIÓN E INFORMACIÓN PARA RECLAMANTES’ o ‘AVISO DE INCAUTACIÓN E INTENCIÓN DE DECOMISO’. Proporcionará instrucciones sobre cómo impugnar el decomiso, incluyendo varias opciones sobre cómo el propietario preferiría que se maneje el caso. Estas opciones se enumeran en un anexo a la carta titulado ‘ELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS – FORMULARIO CAFRA’.
Una opción es exigir que el caso sea remitido a un Fiscal de los Estados Unidos, quien puede iniciar un caso de decomiso civil. Otra opción es solicitar alivio a la agencia que realizó la incautación. Al igual que con la decisión de impugnar el decomiso, esta elección de remedios puede tener repercusiones importantes y no debe tomarse sin el asesoramiento de un abogado.
